El CNE, que investiga la campaña Petro, tiene su presupuesto electoral congelado. ¿Ajuste de cuentas? Habla Álvaro Hernán Prada

SEMANA: No fue fácil su presidencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque el presidente Gustavo Petro sintió que eso era un ataque en su contra. ¿Es así?

ÁLVARO HERNÁN PRADA: Somos los magistrados quienes tenemos la facultad para decidir nuestra mesa directiva. No sé si eso le gustó o no al Gobierno, pero procedemos sin tenerlo en cuenta.

SEMANA: ¿Fue una jugadita la renuncia de César Lorduy al CNE, y también su llegada a la presidencia del tribunal, tal como lo dijo el presidente Petro?

A.P.: La renuncia del magistrado César Lorduy obedeció a circunstancias personales que lamentamos mucho en su momento. Eso obligó a que tuviéramos que decidir su reemplazo y la sala, en su mayoría, decidió que fuera yo.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más complejo de la presidencia del CNE?

A.P.: Asumimos la presidencia del CNE desde diciembre de 2024. Ha sido complejo, el presidente es quien representa a la corporación que, aunque tiene 137 años, solo hasta ahora viene a recuperar su autonomía presupuestal y administrativa porque la había perdido. Curiosamente, en el sistema electoral, el diseño arquitectónico es un sistema dual entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y en algunas partes parecemos como una especie de junta directiva de decisiones que toma la Registraduría. Por medio de esa entidad se hacían todos los pagos, todas las contrataciones y las decisiones administrativas del CNE. Eso cambió en este periodo. Tenemos nuestra propia sede y administramos nuestros recursos. Toda la gestión administrativa está a cargo de quien ocupa la presidencia. Es un desafío constante por la cantidad de responsabilidades financieras y de operatividad que exige que el CNE funcione correctamente. ¿Para qué? Para garantizar su misionalidad. Nuestro propósito principal es blindar las elecciones, que el sistema electoral sea confiable, que los colombianos puedan estar tranquilos y podamos auditar cada paso que se da en el sistema electoral.

SEMANA: ¿Es cierto que el CNE tiene el presupuesto congelado?

A.P.: Sí, está congelado. Nosotros tenemos un presupuesto que se compone de diferentes rubros. Y todo el rubro electoral, 600.000 millones de pesos, está congelado porque, según nos ha notificado el Gobierno, hay un déficit presupuestal. Hemos venido explicando al Gobierno que, si debe hacer recorte, lo haga parcialmente y que nos vaya devolviendo recursos. Pueden hacer elecciones sin nosotros, perfectamente las puede hacer la Registraduría en materia logística, pero no tenemos la posibilidad de darle legitimidad. No tendríamos cómo capacitar y acreditar testigos electorales, que son tan importantes. No tendríamos posibilidad de hacer auditoría a las tres fases que componen las elecciones. No podríamos auditar el software de escrutinio. En Venezuela, por ejemplo, se dieron cuenta del robo de las elecciones, por lo que mostraron los testigos, tan importantes para la transparencia.

SEMANA: ¿Es decir, el CNE es clave para las elecciones porque evitaría que ocurra el fraude que ocurrió en Venezuela?

A.P.: Claro, somos la máxima autoridad electoral, les damos valor jurídico a las elecciones y le hacemos una auditoría a todo el proceso de la Registraduría. Además, preparamos todo lo relacionado con testigos electorales.

SEMANA: ¿Qué pasará si el Gobierno no le gira al CNE los 600.000 millones en abril?

A.P.: Tenemos más de 20 elecciones atípicas en 2025 programadas; en la medida en que van pasando los meses, van saliendo fallos de nulidades electorales en el contencioso-administrativo, es decir, podemos prever que esa cifra, fácilmente, puede estar doblándose. Adicionalmente, tenemos la elección de consejos de juventudes el 19 de octubre y la elección de consultas internas de los partidos políticos el 26 de octubre. Todas esas elecciones demandan un esfuerzo de planeación y ejecución del presupuesto. El 8 de marzo se inició el calendario electoral de las elecciones de Congreso. Para participar en esas elecciones, tenemos que hacer toda una preparación desde este año en materia contractual. Lo único que prácticamente se ejecuta el próximo año de las elecciones es la segunda vuelta presidencial porque es incierta.

SEMANA: ¿Qué le dice el Gobierno?

A.P.: Hemos acordado realizar una mesa técnica, pero ha habido cambios en los ministerios. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había tomado un liderazgo para facilitarle al Ministerio de Hacienda una información muy completa, pero renunció y quedamos en la mitad del camino. Llegó el ministro Gustavo García con muy buena voluntad y ahora hay un nuevo cambio. No hemos tenido continuidad en ese proceso. En el CNE venimos comunicándonos con el Ministerio de Hacienda para poder ir descongelando una parte de recursos que se requieren para adelantar el proceso eleccionario.

SEMANA: ¿Ya redujo personal en el CNE?

A.P.: Desafortunadamente, tuvimos la necesidad de reducir el personal para este mes, de cortar el tiempo previsto para su trabajo y, en algunos casos, se cambió la vinculación. Tuvimos que hablar con ellos, les pedimos bajarles el grado temporalmente para poder responder un poco económicamente en los siguientes meses mientras el MinHacienda nos soluciona.

SEMANA: ¿No hay plata o es un ajuste de cuentas del Gobierno Petro porque ustedes investigan su campaña de 2022?

A.P.: No soy el indicado para hacer esa valoración. Espero que este tema tenga una solución del Gobierno.

SEMANA: ¿Será que el Gobierno Petro no quiere vigilancia en las elecciones de 2026?

A.P.: Sería muy grave porque en Venezuela se hicieron elecciones, pero no quiere decir que el resultado sea legítimo. Por el contrario, se evidenció una gran trampa al pueblo venezolano. Quien puede dar legitimidad a los resultados en Colombia es el Consejo Nacional Electoral, que tiene esa atribución por la Constitución.

SEMANA: El presidente Petro convocó a una consulta popular y costaría más de 500.000 millones de pesos.

A.P.: Sí. La democracia cuesta, vale, pero les da fundamento, vida y credibilidad a las instituciones. Lo que hay que buscar para una consulta es que se estimule la participación de los ciudadanos. Recordemos la consulta anticorrupción de 2018. No alcanzó a pasar el umbral mínimo, se invirtieron cerca de 350.000 millones y quedó el sinsabor si eso, en realidad, era lo que esperaban los colombianos en cuanto a participación. El reto es que los ciudadanos salgan a las urnas, que tengamos la plata (entre 500.000 y 600.000 millones) para realizar la consulta y que el CNE participe. Tendríamos que reglamentar los tiempos, la plata que se usa, la publicidad que se utiliza en la consulta popular, entre otros. Lo importante es que el Ejecutivo asigne recursos para la realización y transparencia de todas las elecciones.

SEMANA: De otro lado, usted es ponente del pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente por presunta financiación irregular. ¿Cómo va la investigación?

A.P.: Hicimos una investigación que concluyó en una formulación de cargos en octubre de 2024. El primero de abril de 2025 iniciaremos la práctica de pruebas solicitadas por la defensa y aceptaremos todas las pruebas que nos pidieron los implicados. Escucharemos testimonios, recibiremos documentos, les daremos traslado a las partes para que se pronuncien sobre las pruebas recaudadas, luego alegatos de conclusión y tomaremos una decisión.

SEMANA: La investigación caducará en junio de 2025. ¿Alcanzarán a decidir?

A.P.: Sin ser holgado, tenemos el tiempo suficiente para tomar decisiones.

SEMANA: Ha recibido muchos ataques del petrismo porque investiga al presidente por presunta financiación irregular de su campaña. ¿Cómo soporta los insultos?

A.P.: Con la responsabilidad que tengo que no me permite mirar hacia los lados, concentrado en unas funciones constitucionales y legales. Estoy convencido de que hemos llegado aquí para actuar en ese marco de legalidad y es lo que me corresponde, independientemente de si hay personas que están de acuerdo o no.

SEMANA: La izquierda dice que a Petro lo investiga usted, un magistrado de derecha, del Centro Democrático...

A.P.: El diseño que tiene el CNE, previsto en la Constitución, indica que para ser magistrado se requiere la postulación de los partidos políticos y la elección por el Congreso. Una vez somos elegidos, no venimos a representar a un partido político; cumplimos una función determinada por la Constitución y la ley. Si alguien llega aquí, y lo hace pensando en defender los intereses de un partido, pues seguramente rayará con un prevaricato.

SEMANA: Pero le ha costado mucho. ¿Es cierto que sacó a su familia del país?

A.P.: (Silencio) Sí, poco me gusta hablar de estas cosas, tengo a mi familia por fuera del país y me hace mucha falta. Pero (silencio) trato de no hablar de eso porque no me gusta la sensación que genera la victimización.

SEMANA: Denunció que le envenenaron tres perros en su finca en el Huila y le mataron a Cuchillo, una yegua en Cundinamarca. ¿En qué van las investigaciones?

A.P.: Di a conocer estos dos lamentables hechos, así me aconsejaron; fueron dos circunstancias muy dolorosas para mí y mi familia. Presenté dos denuncias a la Fiscalía para que se averigüe. Están en etapa de investigación.

SEMANA: ¿Podrían tener relación el envenenamiento de los perros y la muerte de la yegua ocurridos en dos departamentos diferentes?

A.P.: Quienes son expertos en estos temas me dicen que es alta la probabilidad de que no sea una coincidencia y no se trate de dos hechos aislados. Fueron dos hechos crueles. Mis hijos aún no saben lo ocurrido con su yegua ni con los perros.