Política
Cuentas de la UPC tienen a la salud en jaque: pacientes le piden a la Corte salvar el sistema
199 organizaciones radicaron una carta ante la Corte Constitucional en la que le advierten que esa cartera quiere saltarse el auto en el que se determinó la insuficiencia de la UPC.
La disputa entre el Gobierno de Gustavo Petro y parte del sector salud por el incremento de la UPC para 2025 está en manos de la Corte Constitucional y se alista en varios frentes.
Por un lado, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, radicó un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud asegurando que ese despacho dirigido ppr Guillermo Alfonso Jaramillo incumplió el auto proferido por los magistrados, en el que se confirmó que el Gobierno no está cumpliendo con los requisitos que debe tener la UPC y le dieron diez días a ese despacho para reajustarla.
Se trata del Auto 007 de 2025 en el que la Corte Constitucional declaró el “incumplimiento general” del requisito de suficiencia de la UPC para 2024 y le ordenó al Ministerio de Salud reajustar la metodología para calcular ese indicador en las próximas vigencias. Es decir, para el 2025.
Ese proceso está siendo estudiado por el Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá y con este pretenden utilizar todos los mecanismos judiciales para conseguir que el Gobierno recalcule ese monto que gira el Estado a las EPS por cada atención a los pacientes.
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Sin embargo, no es el único recurso que ha llegado a los tribunales en medio de las advertencias del sector salud que indican que ese valor es insuficiente, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, para financiar la atención a los usuarios del sistema.
Un grupo conformado por 199 agremiaciones de pacientes le envió una carta a los magistrados de la Corte Constitucional, reseñando su inconformidad con la respuesta que dio el Ministerio de Salud al auto del alto tribunal sobre la insuficiencia de la UPC. En la misiva acusaron al Ministerio de estar liderando una estrategia para invalidar la orden proferida por el auto de la Corte Constitucional.
“La postura del Ministerio busca dilatar el cumplimiento de las órdenes y generar inseguridad jurídica que, de implementarse, consecuentemente esta estrategia pondría en riesgo la financiación del sistema de salud y el acceso a tratamientos esenciales para los pacientes”, señalaron esas organizaciones en la carta remitida a la Corte.
Según los pacientes, el Ministerio de Salud quiere cuestionar técnicamente la decisión del alto tribunal, señalan a esa cartera de extralimitarse en sus funciones y estos afirman que el despacho de Jaramillo ha reseñado dificultades técnicas inexistentes al momento de referirse a supuestas limitaciones para emitir el cálculo de la UPC.
“El Ministerio ha argumentado, sin justificación técnica clara, que la determinación de la insuficiencia de la UPC no tiene soporte, cuando la realidad muestra que el financiamiento del sistema de salud está en crisis”, indicaron los representantes de los pacientes.
Por lo pronto, la respuesta del Ministerio de Salud al auto de la Corte no ha convencido a los actores del sistema que siguen reclamando que la UPC se recalcule para evitar un colapso en el sistema. Este, entre tanto, no es el único asunto de las finanzas del sistema que ha terminado en manos de ese tribunal, que ya tuvo que pronunciarse sobre los presupuestos máximos.
