Tal como había hecho público SEMANA, en Bogotá opera un cartel de profesores de colegios públicos que dictan clase sin ser profesionales y, aunque el tema fue descubierto, las investigaciones en la Secretaría de Educación avanzaban a paso lento. Por eso, la Procuraduría tuvo que intervenir, ejercer poder preferente y, además de desnudar estos preocupantes hechos, ya sancionó a los primeros docentes corruptos.Los profesores sancionados son Henrry Navarro González, Carlos Andrés Uricoechea, Omar Arturo Cuestas Torres, Alexander Rosero Recalde, Luz Dary Mora Hernández y Sandra Janeth Urbina Pulido, todos adscritos a la Secretaría de Educación, entidad que no se dio por enterada de la adulteración, en algunos de los documentos y les permitió seguir como docentes. Lo más grave, pese a las denuncias, nunca sancionó o tomó medidas. Los menores seguían teniendo clases con los suplantadores.En el caso de Uricoechea Mendoza, fue sancionado por 10 años por proveer un título falso de la Universidad Nacional para la vigencia 2022 como magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos; con lo que obtuvo un nuevo escalafón y asignación salarial.En el caso de Navarro González certificó diploma en licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás y tomó posesión como maestro provisional en la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Kennedy; y de esta manera, fungió como reemplazo de una funcionaria.Los otros cuatro supuestos docentes fueron sancionados para ocupar cargos públicos por 5 años, debido a que suministraron diplomas apócrifos, manipulados y falsos en diferentes instituciones educativas del país.Los anteriores funcionarios se acogieron a rebaja de la sanción, puesto que, confesaron los hechos comprobados por el organismo de control. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, calificó las faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo.SEMANA ya había hecho la denuncia que comprometía seriamente a la Secretaría de Educación, y que terminó en que la Procuraduría asumiera un poder preferente para asumir esta investigación. Descubrió que en la Secretaría existirían serias irregularidades a la hora de verificar la autenticidad de los diplomas. El asunto es tan grave que habría maestros que lograron trabajar y pensionarse sin ningún tipo de formación.Se trataba de 40 procesos disciplinarios contra profesores de colegios públicos que han conseguido trabajo, ascendido e incrementado su sueldo con diplomas falsos. La situación no es de poca monta y estaría impactando a más de 700.000 estudiantes y sus familias, que confían en las capacidades de los docentes para formar a los niños.Ante este panorama y conocidas estas primeras sanciones, desde la Secretaría de Educación, afirmaron que ellos mismos han tramitado algunas denuncias y, aunque es muy grave que docentes en ejercicio apelen a la falsificación de documentos y títulos, pusieron sobre la mesa que en el distrito hay más de 30 mil docentes, que cumplen a cabalidad con su labor.