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Donald Trump aseguró que no dará detalles de las deportaciones a El Salvador, se protegió bajo el “secreto de Estado”
La última deportación de Estados Unidos desató cuestionamientos al gobierno, por parte de quienes argumentan que algunos de los prisioneros no son miembros de alguna pandilla.
La reciente deportación masiva de casi 300 extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, a la prisión de máxima seguridad para terroristas Cecot, bajo el argumento de que todos hacían presuntamente parte del Tren de Aragua, desató una controversia internacional, debido a que jueces y familiares de los inmigrantes aseguran que no se llevó a cabo el debido proceso para acusarlos.
A esto, la administración de Trump invocó el privilegio de “secreto de Estado” con el fin de evadir al juez federal que solicitaba más información sobre las investigaciones del gobierno, que utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a los inmigrantes.
La invocación de este privilegio se suma a los movimientos de Trump en su batalla contra el poder judicial federal en cuanto a la inmigración, debido a que el republicano ha insistido en fortalecer las políticas de detención y deportación para reducir las cifras de extranjeros indocumentados que residen en su país.
El pasado lunes por la noche, funcionarios del Departamento de Justicia emitieron un expediente en el cual informaron que no brindarán información sobre el proceso de deportación de este grupo de personas al tribunal federal de Washington, basándose en el secreto de Estado.
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El documento asegura que el presidente Trump cumple con la autoridad total y absoluta para expulsar a los inmigrantes que considere “terroristas designados que participan en una invasión e incursión depredadora patrocinada por el Estado en Estados Unidos”.
Por su parte, el juez encargado del caso manifestó que si la administración del gobierno tiene la intención de compartir más detalles sobre la operación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, tiene plazo de hacerlo hasta el 31 de marzo.
Esta antigua y controversial ley fue usada por el presidente el pasado 15 de marzo con el fin de deportar 238 venezolanos y 23 salvadoreños a la megacárcel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien recibió los tres aviones en su país y detuvo de inmediato a todos los inmigrantes. Desde entonces, el juez federal ha instado al gobierno Trump a que brinde más información al respecto.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha asegurado que estas personas hacían parte del Tren de Aragua —agrupación que hace unas semanas calificó de terrorista—. Además, ha reiterado que la banda se infiltró en Estados Unidos bajo la orden del gobierno venezolano, afirmación de la cual no ha dado pruebas.
Pero desde ese fin de semana, una cantidad de familiares, que han podido identificar a sus conocidos por fotos que ha compartido la administración salvadoreña, han argumentado que algunos de los prisioneros son inocentes y no tienen ninguna vinculación con el grupo armado.
Luego de la masiva expulsión, el juez federal James Boasberg bloqueó por 14 días cualquier deportación que se hiciera bajo la ley de guerra, y anteriormente había ordenado al gobierno del país realizar audiencias individuales para los inmigrantes que serían deportados bajo la ley, para determinar si realmente les aplica.
Como resultado, la administración de Trump ha atacado al juez y ha pedido su destitución del cargo. El pasado lunes, se llevó a cabo una audiencia en un tribunal federal de apelaciones para discutir la solicitud de Presidencia para remover a Boasberg del caso.
Ese mismo día, en una declaración aparte, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el procedimiento de deportación se trató de una “negociación no pública, delicada y de alto riesgo”, dando a entender que el acuerdo se dio entre Estados Unidos y la administración de El Salvador, a manos del presidente Nayib Bukele.
