Rappi es una de las plataformas de entrega de domicilios colombiana que más se ha popularizado durante los últimos años. Ofrece una amplia variedad de servicios, incluyendo la compra y entrega de alimentos, supermercado, medicamentos, tecnología y otros productos. También permite solicitar retiros de dinero en efectivo y envíos de mensajería, además de prestar servicios financieros dentro de la plataforma, como lo es RappiPay.
La empresa fue fundada en Colombia en 2015 y se ha expandido a varios países de América Latina. Funciona a través de una aplicación móvil donde los usuarios pueden hacer pedidos, que son entregados por repartidores conocidos como “Rappitenderos”.
Estos son trabajadores encargados de recoger y entregar los pedidos realizados a través de la aplicación. Usan bicicletas, motocicletas o automóviles para hacer las entregas y pueden trabajar de manera independiente, organizando sus horarios según su disponibilidad.
Desde hace algunos años, la plataforma ha recibido múltiples críticas debido a la forma de contratación de sus trabajadores, debido a que estos no cuentan con prestaciones ni beneficios a los que los trabajadores deben acceder por ley, dada la forma de contratación que tienen estos. Pese a ello, desde hace varios meses, desde distintos sectores políticos se ha abogado por la formalización de estos trabajadores, para que puedan acceder a mayores beneficios.
Hace algunos días se conoció un nuevo avance respecto a la regularización de los trabajadores. Su modelo ahora estaría a punto de cambiar totalmente, pues la empresa logró llegar a un acuerdo con el sindicato de domiciliarios de Medellín. El acuerdo fue suscrito más exactamente entre la sociedad Rappi S.A.S y la Unión Sindical de Mensajeros de las Tiendas Turbo y con este beneficiarán a más de 700 trabajadores.
El acuerdo permitirá que los trabajadores de la plataforma puedan tener mayores garantías respecto al cumplimiento de sus derechos laborales. Entre los avances se encuentra la eliminación de siete causales para que la plataforma inhabilite las cuentas de sus trabajadores, lo que les permitirá mayor estabilidad en sus labores. Esto, a través de las garantías del debido proceso, además de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El acuerdo además obliga a que las nueve tiendas tipo Turbo en Medellín deberán contar con unidades sanitarias, acceso a hidratación, zonas seguras de parqueo y también personal de limpieza que sea pagado por la empresa. Esto, para garantizar condiciones sanitarias básicas y favorables para los trabajadores.
Otro de los puntos claves del acuerdo que aún está en discusión es el que precisa un aumento de la tarifa base por pedido. Actualmente, los domiciliarios indican que la tarifa estipulada de $ 3.400 es insuficiente para garantizar ingresos dignos.